En concordancia con el dictamen emitido por el fiscal federal Federico Delgado, el juez Rafecas aseguró en un fallo que existen elementos de sobra para citar a declaración indagatoria a los hermanos y madre de Dolores Etchevehere por extorsión y violencia económica. Además, declaró la competencia de la Justicia Federal de Paraná motivo por el cual será el juez Leandro Damián Ríos el responsable de concretar dicha citación.
“De la prueba producida surgen importantes indicios que sugieren el accionar conjunto de Luis Miguel, Juan Diego y Sebastián Arturo Etchevehere y Leonor Barbero Marcial, en perjuicio de la denunciante, y que han motivado el pedido de indagatoria formulado por el Sr. Agente Fiscal Dr. Delgado”, detalla Rafecas en su resolución.
Asimismo, Rafecas ratificó el encuadre de género desarrollado por Delgado y el delito por el cual los Etchevehere deberán ser indagados es la extorsión: “los hechos denunciados por Dolores Etchevehere, encuentran su encuadre legal dentro de las previsiones del artículo 168 del Código Penal, el cual prevé que “Sera reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos”.
Al respecto, Dolores Etchevehere sostuvo que “el fiscal Delgado hizo un trabajo impecable, que fue refrendado por el juez Rafecas. Abordó el caso de una manera integral bajo la perspectiva de género y probó, entre otras cosas, que la documentación que los Etchevehere corruptos pasearon por los medios de comunicación y que fue utilizada por la jueza Castagno como argumento para desalojarme a mi y al Proyecto Artigas de mi propia casa, carece de validez. Sin embargo, yo hice la denuncia por violencia económica y extorsión en Comodoro Py porque en Entre Ríos no están garantizados mis derechos y nunca lo estuvieron. De hecho, el propio Delgado en su dictamen explica a la perfección cómo mis hermanos utilizaron sus vínculos políticos y judiciales para perjudicarme, y cómo las instituciones del Estado me desprotegieron y defendieron los intereses de los corruptos. Este caso podría ser la base de una nueva jurisprudencia con perspectiva de género. Esperemos que la justicia federal de Entre Ríos esté a la altura y respete los criterios y encuadre establecidos en Comodoro Py”.
Resolución de Rafecas